Archivo 1La Trata de personas es un delito que vulnera, flagela y atenta contra los Derechos Humanos. Es lisa y llanamente, un crimen de lesa humanidad, considerado por diversas instituciones internacionales como la esclavitud del siglo XXI.

En la Argentina, y el mundo, su crecimiento es acelerado, ocupando la trata de personas, el tercer lugar entre los negocios ilícitos más rentables a nivel global. Las causas de este aumento son múltiples, aunque en el país deben resaltarse al menos tres: el padecimiento económico y social de miles de personas que son obligadas a vivir en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social; los patrones culturales que colocan a la mujer como un objeto de consumo; y sobre todas las cosas la connivencia policial y política frente a este delito así como la escasez de acciones orientadas a investigarlo y perseguirlo de manera coordinada a lo largo y ancho del territorio.

En este panorama, emerge, sin embargo, una también creciente preocupación de la ciudadanía. Primero fueron las organizaciones sociales que se avocan de forma específica al tema, luego algunos legisladores, y finalmente parte de las instituciones públicas las que paulatinamente fueron incorporando a sus agendas la lucha contra la trata de personas. El caso de Marita Verón ha sido emblemático en ese recorrido, siendo quizás la sanción de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” uno de los mayores logros alcanzados.

El fallo de la justicia tucumana parece desconocer esta realidad. Y eso por eso que resulta tan inadmisible, tan insoportable. Sin embargo es sólo un obstáculo más en el complejo camino para la erradicación del delito de trata de personas. Lo que se ganó, jamás se perderá. Las miles de mujeres y jóvenes recuperadas, la conciencia creada, y la tenacidad de lucha siguen firmes, propiedad de familiares, de militantes y de la ciudadanía en general. Hoy repudiamos el fallo y reafirmamos nuestro compromiso. Pedimos el tratamiento del proyecto de modificación de la ley 26.364; Pedimos una Justicia pública y republicana; Pedimos que la Presidenta y sus ministros asuman, junto a cada una de las provincias, un verdadero acuerdo de erradicación de este delito, erradicación que no resulta posible si hay fallas, territorios liberados, fronteras con libre paso, y sobre todo si no hay justicia.

Categorias: Notas de Opinión

Una Respuesta so far.

  1. […] Nota publicada como Columna de Opinión en el sitio del Comité Departamental Rosario el día 13 de Diciembre de […]

Deja tu Comentario